1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. 

2. Defender los intereses de la sociedad. 

3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 

4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones. 

Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la función disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales. 

5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y 
ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, 
del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 

6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales.

7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. 

8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 

9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo Municipal. 

10. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley. 

11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 

12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia. 

13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes. 

14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 

15. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 

16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 

17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. 

18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades.